La diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), calificó a inicios de año como un “regalito para los delincuentes” la norma que limita la ejecución de allanamientos al horario comprendido entre las 6 a. m. y las 6 p. m., salvo en casos excepcionales.
Desde el plenario de la Asamblea Legislativa, Cisneros alegó, el 26 de febrero, que Costa Rica “debe ser el único país del mundo donde los allanamientos tienen horario de oficina”.
La vocera de gobierno se refirió a esta limitación de horario como una de las “cinco joyas que le regalamos a los delincuentes en este país”.
Lo hizo durante una intervención que pretendía justificar la negativa de Chaves a participar en la mesa de trabajo convocada por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, para discutir con los poderes Ejecutivo y Judicial, reformas legales que potencien la lucha contra la criminalidad.
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Al respecto, Cisneros agregó: “Este Gobierno no quiere más blablablá y, por eso, no participó hoy en la nueva mesa de negociación. No, el presidente Rodrigo Chaves pretende acciones concretas, leyes más fuertes y un cambio de 180 grados para proteger a la víctima y no al delincuente como ocurre ahora”.
Ejecutivo vetó la propuesta
Sin embargo, cuando llegó el momento de actuar, el propio presidente Rodrigo Chaves optó por vetar por completo la reforma que permite la realización de allanamientos durante las 24 horas del día, sin importar fines de semana o feriados.
Presidencia: La ley actual es exitosa
Presidencia incluso aseveró, el miércoles, que el proyecto de ley vetado busca “cambiar una norma que se ha venido utilizando con bastante éxito”. Así se afirma en la locución de un video proyectado por la Casa Presidencial, durante la conferencia semanal de Chaves, en Zapote.
El expediente 24.495, fue presentado el 12 de agosto del 2024 por la diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN) y busca modificar el artículo 193 del Código Procesal Penal.
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Al inicio, la propuesta contó con el respaldo de la bancada de gobierno, durante su trámite en la Comisión de Asuntos Jurídicos y en la votación de primer debate en el plenario.
En la sesión del 12 de marzo, previo a que se dictaminara de manera positiva el proyecto de ley en la Comisión de Jurídicos, el diputado Daniel Vargas, subjefe de la fracción del PPSD, pidió la palabra para solicitar al resto del foro el voto afirmativo para la propuesta y afirmó que “para la delincuencia no hay horarios, y tampoco deben existir, mucho menos, para quien los controla”.
La postura cambió radicalmente en el segundo debate. Los diputados de gobierno fueron los únicos que votaron en contra de la iniciativa.
Si bien el Poder Ejecutivo argumentó supuestos roces con la Constitución Política, en el veto enviado al Congreso, el presidente Chaves ofreció otra visión sobre las motivaciones que lo llevaron a frenar la reforma.
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Chaves criticó al OIJ y a la Fiscalía
En la conferencia del miércoles 14 de mayo, el mandatario intervino para atacar a los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Declaró que “en el mejor de los casos son incompetentes-arbitrarios, y aplican la ley como les da la gana, a quienes a ellos les da la gana”.
Igualmente, advirtió que no firmará leyes que le den “más instrumentos a esos señores y sus jefes, en la Sala III; y a su jefe el capo di tutti (expresión en italiano ‘capo de todos los capos’) que se encuentra en otro edificio, para seguir amedrentando”.
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Diputada justifica cambio
En declaraciones a La Nación, Cisneros mencionó que durante el trámite no se escucharon criterios importantes, entre los cuales mencionó a los “abogados penalistas que tenían mucho que opinar sobre eso”.
Alegó que el texto aprobado tiene un “grave problema de redacción, según lo que a mí me han dicho” y que cualquier persona tiene derecho a cambiar de opinión.
Otro argumento esgrimido por Cisneros, es que los allanamientos “se justifican para gente peligrosa, para gente armada, para gente que represente un peligro para la sociedad, pero ahora quedó totalmente abierto”.
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Sin embargo, el texto no varió disposiciones sobre los elementos que se deben sopesar para la autorización de un allanamiento, solo el tema del horario.
La diputada cuestionó que se realicen allanamientos y detenciones en casos de corrupción, como los que involucraron a Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes, y Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Igualmente, dijo que al hacer sus manifestaciones, en febrero, desconocía que la ley vigente permite que las autoridades puedan realizar allanamientos fuera del horario definido, con autorización de un juez, si se está frente a casos graves y urgentes.
Jonathan Acuña: En el Gobierno tienen miedo
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), señaló el miércoles la incongruencia de la jefa del oficialismo respecto a la reforma de los allanamientos.
“Le hicieron un regalito a los delincuentes, la frase no es mía, la conoce muy bien doña Pilar, es suya”, recriminó Acuña, al hacer referencia a las manifestaciones previas de Cisneros.
El frenteamplista argumentó que el cambio de criterio, así como la amenaza de no firmar leyes que amplíen las capacidades de las autoridades judiciales, responden a una motivación basada en el “miedo”.
“Tienen miedo, y sí, todos los que estén implicados en cualquier caso deberían tener mucho miedo, eso es lo que corresponde, que nadie se sienta impune, sin importar el cargo que ostente”, expresó.
Tanto el veto como la amenaza sobre las leyes en el sector justicia, se anunciaron un día después de los allanamientos y detenciones efectuados por la Fiscalía y el OIJ, por el caso “Pista Oscura”, diligencias que fueron duramente criticadas por el mandatario.
La investigación por supuestos actos de corrupción en la actual administración, también involucra a Chaves.